Edil de Oaxaca escasea el agua a sus rivales políticos.

Además de cobrar agua por Tandeo el municipio reparte selectivamente el servicio de pipas.

Vecinos de zonas afectadas denuncian un patrón sistemático: la restricción o el freno total de la distribución municipal de agua coincide con desacuerdos dentro del Cabildo, protestas sociales y reclamos de rendición de cuentas contra la administración naranja. Para los inconformes, se trata de una clásica venganza política ejecutada desde el poder local, asfixiando el día a día de familias enteras bajo la lógica de castigar al opositor.

Texto Pablo Gabriel Santillán Torres Torija / Ilustración IA Gemini

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SAN ANTONIO DE LA CAL, OAX 15 de septiembre 2026 — Las tuberías vacías no solo crujen por falta de presión; en este municipio conurbado de los Valles Centrales, el líquido vital se ha convertido en moneda de cambio político. Mientras los grifos lucen áridos en colonias y secciones identificadas con resistencia política o planillas opositoras al edil Juan Alejandro Martínez García, “El Pirri”, el abasto por pipas privado opera con inusual y lucrativa fluidez.

El mapa de la sequía selectiva

• La zona cero: Colonias como La Soledad y sectores periféricos reportan semanas sin tandeo regular desde hace tres meses.

• La paradoja del mercado negro: El agua desaparece de la red pública, pero abunda en la oferta de pipas particulares cuyos costos desangran la economía familiar.

• El trasfondo político: Las tensiones electorales y la polarización tras los comicios que llevaron a Martínez García a la Presidencia municipal por el partido Morena, han dejado heridas abiertas en la gestión comunitaria del agua.

Denuncias públicas y señalamientos de sectores afectados apuntan a que el ayuntamiento utiliza el control de los pozos y válvulas de distribución como garrote político, priorizando el suministro a bases afines o minimizando la atención a sectores críticos que cuestionan el manejo de recursos públicos y obras hidráulicas.

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¿Qué ha respondido el edil "El Pirri"?

Hasta el momento, la postura oficial del presidente municipal Juan Alejandro Martínez García ha oscilado entre el hermetismo y la justificación técnica.

• El argumento del pozo/obra: Ante los extrañamientos y amagos de movilización social, la administración municipal —con intervención indirecta o llamados de instancias estatales como el Estado/SOAPA en coyunturas de tensión por obras de agua— se ha limitado a atribuir la escasez a fallas técnicas, niveles abatidos de los mantos acuíferos o mantenimientos mayores en la infraestructura de extracción.

• Rechazo a la acusación: Formalmente, el equipo de comunicación del edil ha desinado cualquier uso clientelar o punitivo del recurso hídrico, tachando de "golpeteo político" los señalamientos de los opositores.

• El vacío de soluciones de fondo: No ha habido un posicionamiento abierto, conferencia de prensa o mesa de diálogo resolutiva donde el presidente municipal muestre bitácoras transparentes de distribución de pipas, flujos de caudal por sección o compruebe que la afectación no discrimina filiaciones políticas.

  
  

Entre la ley y la sed

Restringir el acceso al agua potable como mecanismo de presión política no sólo vulnera derechos humanos básicos consagrados en el artículo 4° constitucional, sino que evidencia la fragilidad de la gobernanza local en municipios con sistemas tradicionales o altamente politizados.

Mientras “El Pirri” refugia su respuesta en la coartada técnica de la crisis hídrica regional, para los vecinos de San Antonio de la Cal la física no miente: el agua fluye donde hay lealtad política y se evapora donde hay crítica.