Estados Unidos acusa a Rubén Rocha Moya de nexos con el Cártel de Sinaloa

Los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cárte

Redacción / Foto: Cuartoscuro

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Ciudad de México, miércoles 29 abril 2026.- El Departamento de Justicia Estados Unidos, da a conocer la investigación y las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. La acusación contra el gobernador sinaloense, fue presentada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Los otros acusados por la justicia estadounidense, junto a Rocha Moya, son Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.

Se les acusa de asociación con el Cártel de Sinaloa para distribuir estupefacientes en la Unión Americana. La jueza federal, Katherine Polk, será la encargada de llevar el caso.

“El Cártel de Sinaloa no solo trafica con drogas letales, sino que es una organización designada como terrorista que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y obtener beneficios”, afirmó, Terrance Cole, administrador de la Agencia Antidrogas (DEA).

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"Los acusados presuntamente utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cártel, lo que permitió el flujo de drogas letales hacia nuestro país”, añadió, el administrador de la DEA.

Por su parte, el fiscal, Jay Clayton, dijo que el Cártel de Sinaloa y otros cárteles no podrían moverse “tan libre y exitosamente sin políticos y autoridades corruptas en su nómina. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios en el mundo que trabajan con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a traerlos ante la justicia”.

Los acusados “han desempeñado diversas funciones esenciales para el cártel: entre otras cosas, presuntamente han protegido a los líderes del cartel de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos; han facilitado que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y del Ejército a miembros del cartel y a narcotraficantes aliados para ayudar en las actividades delictivas” de la organización criminal, afirma el documento.

También se les imputa haber ordenado “a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que los miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con la droga sin sufrir consecuencias”.

A cambio de ello, recalca la acusación, “los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cártel”.