Justicia social en el campo y la pesca: la brecha de cobertura laboral que enfrenta el Gobierno Federal

Por Pablo Gabriel Santillán Torres Torija / Imagen IA

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Garantizar el acceso a la seguridad social para los trabajadores del campo y la pesca representa uno de los compromisos centrales del Poder Ejecutivo. El sector primario es el pilar de la seguridad alimentaria de México; sin embargo, quienes producen los alimentos habitan de forma recurrente en condiciones de pobreza multidimensional, marginación e informalidad.

La deuda histórica: pobreza e informalidad en el sector primario

En México, aproximadamente 5.5 millones de personas están ocupadas en actividades agrícolas y pesqueras. De este universo, la fuerza laboral asalariada y eventual (los jornaleros y trabajadores de la pesca) enfrenta el mayor rezago de protección en el país:

• Incidencia de pobreza: Alrededor del 55% de la fuerza laboral del campo vive en situación de pobreza multidimensional.

• Prevalencia del trabajo informal: Cercano al 89% de las relaciones laborales en el sector primario operan sin un contrato escrito ni registro formal ante las autoridades laborales.

  
  

¿Cuántas personas faltan por afiliar? La brecha cuantitativa

El desglose de datos del Censo Agropecuario del INEGI  y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) permite dimensionar la magnitud del reto:

Categoría de Trabajadores	Población Estimada	Con Seguridad Social (IMSS)	Carencia de Seguridad Social
Jornaleros Agrícolas y Pesqueros	~2.8 a 3.0 millones	~20% (Aproximadamente 600 mil)	~2.2 a 2.4 millones
Productores Indictados / Por Cuenta Propia	~2.2 millones	Sin esquema patronal directo	~2.2 millones
Trabajadores Familiares sin Pago	~500 mil	0%	~500 mil
Total en el Sector	~5.5 millones	~12% - 15%	~4.7 a 4.9 millones

Para cumplir la meta de universalización, el Estado debe incorporar al esquema de salud, pensiones y riesgos de trabajo a más de 2.2 millones de jornaleros asalariados que laboran actualmente en la informalidad, además de diseñar esquemas de aseguramiento voluntario o subsidiado para más de 2.5 millones de pequeños productores y trabajadores comunitarios.

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Estrategias para acelerar la cobertura

La administración federal ha puesto en marcha mecanismos operativos que vinculan la formalización laboral con la actividad económica:

• Digitalización y Certificación de Cadenas Agroexportadoras: A través de la Secretaría del Trabajo , se condiciona la certificación de exportación al registro formal de la plantilla de trabajadores, iniciando de manera prioritaria en sectores como el aguacate y las hortalizas.

• Cruce de Padrones y Condicionamiento de Subsidios: En apego a la Ley del Seguro Social, la Sader y el IMSS cruzan información para verificar que los beneficiarios de programas gubernamentales cumplan con sus aportaciones patronales.

• Convenios Sectoriales: Acuerdos marco como los celebrados con la industria cañera buscan renovar coberturas estacionales para decenas de miles de pizcadores y cortadores.

Cerrar esta brecha no solo representa cumplir una meta de gobierno, sino consolidar la justicia distributiva para las familias que sostienen la producción de alimentos en el país.