La retórica del acorralamiento: Marina del Pilar, la “emboscada psicológica” y el cerco a la prensa

¿Una "emboscada psicológica" o una estrategia para cambiar la conversación? La polémica defensa de Marina del Pilar reaviva el debate sobre el poder, la narrativa política y la libertad de prensa en México.

Por Pablo Gabriel Santillán Torres Torija / Imagen IA

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En un intento por sofocar la tormenta política provocada por la filtración de audios donde se le escucha negociar con supuestos asesores estadounidenses tras la revocación de su visa, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha decidido recurrir a los tribunales. Sin embargo, la estrategia de defensa de la mandataria morenista no se ha centrado únicamente en desmentir la autenticidad del material o acusar a su rival acérrimo, el exgobernador Jaime Bonilla, de haberle tendido una "trampa". Ha ido un paso más allá en la neolengua del poder al declarar ante los medios que fue víctima de una "emboscada psicológica".

El término —inexistente tanto en el código penal como en la literatura de la psicología clínica— ha levantado cejas entre analistas y juristas. Pero en el terreno político y formal, la acuñación de este peculiar concepto parece responder a una narrativa meticulosamente elaborada para victimizar la figura institucional ante el escrutinio público y, de paso, tender un manto protector sobre los escabrosos temas que rozan los audios: presuntas investigaciones por vínculos con la delincuencia organizada y el narcotráfico en la entidad frontera.

Neologismos de Estado para eludir el fondo

La gobernadora sostuvo que durante la reunión grabada fue sometida a planteamientos de "extradición, cargos y sanciones" diseñados para "generar miedo" e "inducir respuestas". De ahí la justificación del inédito calificativo: una emboscada psicológica que, según su versión, la dejó en vulnerabilidad y la acorraló sin asesoría legal.

Sin embargo, para diversos comunicadores y defensores de la libertad de expresión, el despliegue de la denuncia penal bajo estos argumentos busca un efecto disuasorio inmediato. Al calificar el origen y la difusión de las grabaciones como un acto de violencia o manipulación mental articulada, el discurso gubernamental coloca una sospecha automática sobre los periodistas e investigadores que han documentado y difundido el material periodístico.

"Tipificar la presión política o periodística con conceptos difusos como 'emboscada psicológica' no solo sienta un precedente retórico peligroso, sino que intenta penalizar el ejercicio de documentar las fisuras del poder estatal".

La sombra del narco y el uso del aparato judicial

El trasfondo de los audios filtrados resulta incómodo para la administración estatal. Las grabaciones hacen alusión a conversaciones donde se mencionan señalamientos, investigaciones binacionales e intercambios en mesas de seguridad. Las filtraciones salieron a la luz en un contexto marcado por reportes sobre posibles nexos entre estructuras del crimen organizado y figuras del entorno político regional, temas que la prensa local e nacional ha dado seguimiento pese al clima de hostilidad reinante.

Al instrumentalizar la denuncia penal por la filtración y respaldarse en el argumento de la coerción emocional, el mensaje velado hacia la prensa es de amedrentamiento: convertir el análisis del contenido de las escuchas en una presunta complicidad con el "asedio" o la "intimidación" que la mandataria dice haber sufrido.

Un patrón de amedrentamiento

El uso de la vía penal contra la difusión de información de interés público sigue una delgada línea entre la protección de la privacidad y la censura de Estado. Al desviar el foco hacia el estado anímico o el engaño del cual presuntamente fue objeto, Ávila Olmeda busca restarle validez a lo expresado en las grabaciones y desacreditar cualquier cuestionamiento sobre su gobernabilidad y la seguridad en el estado fronterizo.

Mientras la Fiscalía determina qué delitos se pueden configurar tras la denuncia presentada, la conversación pública se debate entre el surrealismo de las nuevas definiciones jurídico-políticas y la cruda realidad de una entidad donde cuestionar al poder por sus presuntas alianzas criminales se vuelve, cada día, una tarea de alto riesgo.