Parlamento israelí aprueba ley de pena de muerte con aplicación exclusiva a palestinos

La norma, denominada “Ley de Pena de Muerte para Terroristas”, fue impulsada principalmente por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit

Texto: Pablo Gabriel Santillán / Imagen: Especial

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Ciudad de México, sábado 18 abril 2026.- El 31 de marzo de 2026, el parlamento israelí, conocido como la Knéset, aprobó en segunda y tercera lectura una controvertida ley que establece la pena de muerte obligatoria para determinados delitos considerados terroristas. La legislación fue avalada con 62 votos a favor, 48 en contra y una abstención, y contó con el respaldo explícito del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien acudió personalmente al pleno para votar a favor de la iniciativa.

La norma, denominada “Ley de Pena de Muerte para Terroristas”, fue impulsada principalmente por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit, y por la legisladora Limor Son HarMelech, patrocinadora formal del proyecto en la Knéset. El texto legal ordena la pena capital —mediante ahorcamiento— como castigo predeterminado para palestinos residentes de Cisjordania condenados por ataques mortales clasificados como terrorismo por tribunales militares.

La ley contempla dos elementos centrales para la imposición de la condena: que los actos sean definidos como terroristas y que hayan sido cometidos con la intención de negar la existencia del Estado de Israel. Este segundo criterio ha sido señalado por juristas y organizaciones de derechos humanos como un mecanismo que excluye de facto a ciudadanos judíos, ya que los colonos israelíes son juzgados por tribunales civiles y no por cortes militares, lo que limita la aplicación de la pena máxima casi exclusivamente a palestinos.

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Durante la sesión legislativa, Ben Gvir fue visto portando un pin con forma de soga, símbolo utilizado por los promotores de la ley durante el proceso parlamentario. Tras la aprobación, calificó la medida como “histórica” y afirmó que busca reforzar la disuasión frente a los ataques contra ciudadanos israelíes.

La oposición política, encabezada por el líder del bloque opositor Yair Lapid, criticó duramente la legislación, argumentando que no tendrá efecto disuasorio real y advirtiendo que podría profundizar el aislamiento internacional de Israel y ser objeto de impugnaciones ante la Corte Suprema del país.

Organizaciones como Human Rights Watch y B’Tselem denunciaron que la ley vulnera principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición de castigos discriminatorios y la aplicación de la pena capital sin garantías plenas de debido proceso. Señalaron además que los tribunales militares israelíes presentan tasas de condena cercanas al 96 % en el caso de palestinos, lo que aumenta el riesgo de ejecuciones injustas.

La aprobación de la ley se produce en un contexto en el que miles de palestinos permanecen detenidos, muchos bajo arresto administrativo y sin cargos formales. Aunque el gobierno israelí ha señalado que la norma no se aplicará de manera retroactiva, juristas advierten que ampliará significativamente el alcance del castigo máximo dentro del sistema judicial militar en los territorios ocupados.