A la Cuarta Transformación se le está acabando la gasolina

El Gobierno Federal atraviesa uno de sus momentos más difíciles en los últimos ocho años, aunque todavía no lo diga en voz alta. Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha salido una instrucción que suele aparecer hasta el último tramo del año, cuando el margen ya no existe. Esta vez llegó demasiado pronto: cerrar fiscalmente el ejercicio. No asumir compromisos nuevos. No arrancar programas. Posponer inversiones. Contenerse. Frenar.

Texto: Pablo Gabriel Santillán / Imagen: Especial

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Ciudad de México, lunes 20 abril 2026

Abril. Apenas abril.

La señal es inquietante. Normalmente esas advertencias llegan en octubre, cuando el calendario ya no perdona. Pero hoy, con más de medio año por delante, Hacienda parece estar preparándose para un escenario de escasez prolongada. La expectativa es clara: vienen recortes severos al gasto público. Los números ya lo anticipan. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en lo que va del año la inversión del sector público apenas alcanza el 40 % de lo programado. No es un ajuste menor: es una renuncia silenciosa.

La Secretaría de Hacienda está arrinconada por dos frentes que se cierran al mismo tiempo.

El primero es externo, inmediato y peligroso. La guerra entre Estados Unidos e Irán está afectando la oferta mundial de combustibles. Si el petróleo no puede salir por los bloqueos en el estrecho de Ormuz, se pierde cerca de la mitad de la oferta global. Europa ya compite desesperadamente por el suministro y compra en Estados Unidos a precios mucho más altos. México paga las consecuencias. Cada importación llega más cara. Cada litro pesa más.

Si no fuera por el subsidio que hoy sostiene Hacienda, la gasolina Magna ya estaría por encima de los 30 pesos por litro. El gobierno está absorbiendo cerca de una tercera parte del costo real para evitar una escalada de precios que podría convertirse en inestabilidad social. No se trata solo de gasolina: es transporte, alimentos, movilidad, tensión. El subsidio actúa como un dique, pero los diques no son eternos. Se sostienen mientras hay recursos. Y esos recursos se están agotando.

El segundo problema no viene del exterior. Es más profundo y más difícil de ocultar: la crisis de crecimiento económico. La economía no está reaccionando positivamente a la política gubernamental. La reforma al Poder Judicial sembró desconfianza y la formación bruta de capital fijo se contrajo. La inversión se retrae. El dinero se inmoviliza. El miedo decide.

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A esto se suma un crecimiento débil y prolongado en los años recientes. Un crecimiento raquítico que ya dejó huella: más informalidad, menos empleo estable, menos recaudación. Mientras tanto, los programas sociales consumen cada vez mayores cantidades de recursos. Pero la pregunta comienza a resonar con más fuerza: ¿qué sucede con las finanzas públicas cuando el gasto crece, pero los ingresos no acompañan?

Desde 2024 quedó claro que el gasto público enfrenta un serio problema de endeudamiento. Convencer a bancos y mercados internacionales de prestar dinero nunca es sencillo, pero lo es aún menos cuando esos recursos no están destinados a proyectos que generen retornos claros. Endeudarse para infraestructura productiva es defendible. Endeudarse para programas sociales universales, sin mecanismos evidentes de recuperación del gasto, es otra historia. Cada vez será más difícil acceder a financiamiento si el gobierno federal no demuestra racionalidad económica en el uso de sus recursos.

El margen se estrecha.

No es extraño, entonces, que vengan recortes presupuestales ni que la plantilla laboral en las dependencias públicas comience a reducirse. El ajuste no será abstracto: tendrá nombres, áreas, consecuencias.

Lo verdaderamente inquietante será ver cómo el gobierno actual decide enfrentar esta encrucijada. Con todas las obligaciones acumuladas, tendrá que elegir a quién quitarle recursos.
¿A los empresarios que hoy los apoyaron a cambio de contratos?
¿A sus clientelas políticas mediante la reducción del gasto social?
¿A los operadores políticos incrustados en la administración pública?

A la

Las decisiones se acercan. Y con ellas, las consecuencias políticas de haber construido lealtades con dinero público.
Muy pronto, el silencio contable se convertirá en ruido político.