Agresión policial a periodista en Naucalpan reaviva la alerta sobre la libertad de prensa

Integrantes de la corporación municipal agredieron a un comunicador en Periférico Norte a la altura de Echegaray mientras cubría un operativo; exigencias de justicia no se han hecho esperar.

Por Pablo Gabriel Santillán Torres Torija / Imagen IA

---

NAUCALPAN, Estado de México. — Un nuevo episodio de violencia policial e intimidación contra el ejercicio periodístico ha sacudido al municipio de Naucalpan. Elementos de la policía municipal agredieron físicamente a un periodista que se encontraba documentando la actuación de las autoridades sobre Bulevar Manuel Ávila Camacho (Periférico Norte), a la altura de la colonia Hacienda de Echegaray, un hecho que ha generado enérgica condena por parte de gremios periodísticos, organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía.

Los hechos: De la cobertura a la agresión en Periférico Norte

De acuerdo con los reportes y el testimonio del propio comunicador, el incidente ocurrió en uno de los tramos viales más transitados del municipio, cuando este realizaba su labor informativa identificándose debidamente durante la atención a un reporte vial y operativo de seguridad. Al percatarse de que estaba siendo grabado, un grupo de uniformados se aproximó para exigirle que dejara de registrar las acciones.

Ante la negativa del reportero —amparada en el derecho constitucional a la libertad de expresión y el acceso a la información—, los agentes pasaron de los amagos verbales a la agresión física en plena vía pública:

• Uso desmedido de la fuerza: El periodista fue sujetado, tirado al suelo y golpeado por varios elementos a un costado de las vías carriles de Periférico Norte.

• Despojo e intento de censura: Los oficiales intentaron despojarlo de sus herramientas de trabajo (teléfono celular y equipo de grabación) con la intencionalidad de eliminar la evidencia del operativo y de la posterior agresión.

• Detención arbitraria e intervención ciudadana: El comunicador fue retenido momentáneamente hasta que la presión de automovilistas y peatones que circulaban por la zona de Echegaray evitó un traslado injustificado.

  
  

Indignación y exigencia de rendición de cuentas

Las imágenes y videos grabados por testigos a la altura de Echegaray se difundieron rápidamente en redes sociales, visibilizando el abuso de poder. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y colectivos de periodistas del Estado de México levantaron la voz para exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) una investigación inmediata e imparcial.

"El trabajo periodístico en la calle no es un delito. Documentar el actuar de las autoridades en vías públicas como Periférico es un derecho ciudadano y un pilar de la democracia. Exigimos la suspensión inmediata y el proceso penal correspondiente para los elementos involucrados."

— Pronunciamiento de colectivos de prensa locales.

El contexto de la actuación policial en la entidad

Este evento vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de protocolos claros de actuación policial y capacitación en materia de derechos humanos dentro de las corporaciones municipales. Naucalpan y otros puntos del Estado de México han registrado antecedentes preocupantes de abuso de autoridad, donde la falta de sanciones ejemplares fomenta un clima de impunidad.

¿Qué sigue en el caso?

1. Investigación interna: Se espera que la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Naucalpan inicie el procedimiento administrativo ante la Comisión de Honor y Justicia.

2. Denuncia penal: El periodista afectado, respaldado por redes de protección a comunicadores, formalizó la denuncia ante el Ministerio Público por abusos de autoridad, lesiones y delitos contra la libertad de expresión.

3. Medidas de protección: Se solicitó la activación de esquemas de protección para evitar represalias contra la víctima y su entorno cercano.

   
   

La ciudadanía y el gremio informativo permanecen a la expectativa de que las autoridades municipales y estatales no dejen este caso archivado y sienten un precedente contundente contra el abuso de la fuerza pública.