Congreso recibe iniciativa clave: Claudia Sheinbaum impulsa Ley General contra el Feminicidio para homologar el delito en todo el país

• La propuesta busca unificar los criterios penales en los 32 estados, garantizar la investigación con perspectiva de género desde el primer momento y proteger a las víctimas indirectas.

• Pese al consenso político previsto, el verdadero desafío radica en la impunidad estructural, la falta de denuncias y la escasa infraestructura de protección.

Por Pablo Gabriel Santillán Torres Torija / Imagen IA

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CIUDAD DE MÉXICO. — En el marco de la agenda legislativa prioritaria del Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión la iniciativa para la creación de la Ley General en Materia de Feminicidio, un proyecto que busca reformar la Constitución para transformar de fondo la persecución e impartición de justicia ante la violencia machista en México.

Aunque la tipificación del feminicidio se integró al Código Penal Federal en 2012, los resultados tras más de una década han sido dispares y altamente cuestionados. Hasta la fecha, los 32 estados de la República mantienen criterios heterogéneos para investigar y sancionar este delito. Esta dispersión legal ha permitido que un mismo hecho sea clasificado como homicidio doloso en una entidad y como feminicidio en otra, derivando en penas desiguales e impunidad.

Los 4 ejes fundamentales de la reforma

El nuevo marco legal plantea una reestructuración obligatoria para todas las fiscalías del país bajo cuatro pilares:

1. Homologación nacional: Sancionar el feminicidio bajo los mismos parámetros y severidad en las 32 entidades federativas.

2. Presunción de feminicidio: Obligar a que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, desde las primeras 24 horas, bajo la hipótesis de feminicidio.

3. Protección a víctimas indirectas: Creación de un registro nacional y la asignación de programas sociales directos para orfanos, hijos y familiares de las víctimas.

4. Especialización técnica: Capacitación obligatoria para ministerios públicos y peritos en la aplicación estricta de protocolos internacionales de investigación (como el Protocolo de Estambul) e investigación con perspectiva de género.

   
   

Un escenario crítico impulsado por el crimen organizado

La iniciativa llega en un momento complejo. Expertos en seguridad señalan que el incremento generalizado de la violencia y la presencia del crimen organizado en diversas regiones del país han impactado de manera directa a las mujeres, elevando las cifras de agresiones letales en los últimos años.

Pese a tratarse de una reforma constitucional que requiere mayoría cualificada (dos terceras partes del Congreso), se prevé que sea aprobada sin mayores contratiempos debido al respaldo político de la bancada oficialista y la presión social generalizada.

Los verdaderos retos: Impunidad e infraestructura deficiente

Analistas coinciden en que la aprobación del texto legal será el paso más sencillo de una compleja transformación institucional. La efectividad de la ley enfrentará tres barreras estructurales:

• Desconfianza institucional: Se estima que más del 50% de los delitos de género no se denuncian en México debido a la falta de confianza en los cuerpos policiales y ministeriales. En múltiples casos, mujeres que denunciaron previas amenazas terminaron siendo asesinadas por sus agresores sin que las autoridades activaran medidas cautelares a tiempo.

• Falta de refugios y red de apoyo: La capacidad actual de la red de refugios para mujeres en situación de riesgo extremo es insuficiente para atender la demanda nacional.

• Efecto disuasorio casi nulo: En México, los niveles de impunidad general superan el 90%, lo que provoca que, en muchos casos, para una víctima resulte más peligroso denunciar que permanecer en silencio.

  
  

El camino a la implementación

México cuenta con poco más de 14 años formulando marcos legales específicos para atender la violencia de género. Si bien analistas y organizaciones civiles coinciden en que la dirección de esta reforma constitucional es correcta, la clave de su éxito dependerá del presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de la capacidad real de las fiscalías locales para adoptar los nuevos protocolos sin caer en vicios burocráticos.