La salida de las Juntas Federales: un riesgo para la justicia laboral.

Estragos de los cambios en los tribunales en Materia Laboral.

Columna Invitada Dr. Joaquín Pérez Oceguera / Fotos Cortesía.

Ciudad de México a 25 de Junio 2025. El gobierno federal ha emprendido una transformación ambiciosa en el sistema de justicia laboral: eliminar las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y sustituirlas por Tribunales Laborales. Si bien es cierto que las Juntas arrastraban rezagos históricos “con más de 30 000 juicios sin resolver hasta agosto de 2024, y hoy más de 250 000 expedientes en espera en CDMX”, la forma en que se está ejecutando el cambio resulta altamente preocupante.

Primero, el recorte presupuestal ha sido drástico. El cierre acelerado de juntas especiales (como el Bis 3, 7, 8, 9, 12 y 14) se realizó sin una planificación adecuada. Miles de casos fueron reasignados improvisadamente y personal con décadas de experiencia fue despedido o “expropiado” mediante renuncias forzadas. Al menos 180 a 189 trabajadores en la JFCA-CDMX —con fondos que apenas contemplan entre 100 000 y 350 000 pesos de gratificación— quedaron sin liquidación conforme a la ley y sin reparación de antigüedad.

La reacción no se hizo esperar: desde el 2 de junio, la JFCA en CDMX vivía un paro indefinido —ya en su quinto día— con plantones en Azcapotzalco, bloqueos en el Eje 4 Norte y cierre de instalaciones en Ciudad Judicial, con suspensión total de actividades.  Las autoridades respondieron sin diálogo efectivo, exigiendo documentos que garanticen ausencia de represalias antes de sentarse a negociar, lo cual ha trabado cualquier acuerdo.

Desde el enfoque de un especialista en derecho laboral, esta transición peca de pragmática en exceso y deja vulnerados los derechos laborales del personal que será fundamental en el nuevo sistema. La reforma de 2019 establecía que dichos trabajadores debían ser protegidos íntegramente durante la transición, incluyendo antigüedad, prestaciones y liquidación conforme a derecho. Sin embargo, en la práctica, los despidos masivos y la falta de información clara rompen con ese compromiso legal .

Entiendo que el sistema de justicia laboral necesitaba modernización: reducir rezagos, evitar la concentración de poder y agilizar la resolución de conflictos. No obstante, ese diagnóstico no da carta blanca para desarticular a los operadores del sistema sin ofrecer alternativas concretas. Resulta irresponsable construir nuevos tribunales cuando el capital humano y la estructura existentes están siendo desalojados, dejando un vacío institucional.

Recomendaciones constructivas:

               1.           Garantizar condiciones de transición: reinstalación o liquidación plena conforme a ley para todo el personal afectado.

               2.           Preservar el acceso a la justicia: mantener servicios interinos en paralelo a la puesta en marcha de tribunales.

               3.           Establecer mesas de diálogo con sindicatos y trabajadores, sin precondiciones, para co-gestionar el cambio institucional.

               4.           Asignar presupuesto suficiente y estable que contemple no sólo infraestructura, sino salario, capacitación y digitalización del nuevo sistema.

Finalmente, si pretendemos que estos Tribunales Laborales representen un avance real, no puede haber justificación para vulnerar a quienes hoy sostienen la justicia laboral. Una transición digna es requisito indispensable para una reforma que aspire a garantizar realmente el derecho de los trabajadores.