Abelina López y la controversia constitucional

Abelina López se rehusa a dar información al congreso de Guerrero para que auditen los 900 millones que la presidenta aún sigue sin explicar.

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Pablo Gabriel Santillán Torres Torija / Foto: Especial

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Ciudad de México a 19 de enero 2026. El 15 de enero, la alcaldesa de Acapulco recuperó momentáneamente la tranquilidad. Después de varios meses inmersa en una serie de controversias constitucionales, logró obtener la resolución que había buscado durante buena parte de 2025.

El Estado de Guerrero, a través de su Auditoría Superior, impulsó un procedimiento para enjuiciar a la alcaldesa tras recibir del Gobierno Federal una partida cercana a tres mil millones de pesos destinada a la reconstrucción de infraestructura afectada por los huracanes. Según el Congreso estatal, la presidenta municipal habría desviado aproximadamente 900 millones de pesos, lo que desató un escándalo político de gran magnitud debido a que el Congreso está dominado por el mismo partido que gobierna el estado.

La administración de la alcaldesa también ha estado rodeada de señalamientos públicos que han deteriorado su imagen. Episodios como la grabación del secretario particular siendo sorprendido sustrayendo mercancía de una tienda durante la emergencia, o la polémica generada por un collar de alto valor cuya procedencia fue cuestionada, alimentaron la percepción de desorden y opacidad.

A esto se suma la discusión jurídica: el Congreso de Guerrero sostuvo que podía fiscalizar recursos federales, mientras que diversos especialistas y resoluciones de la Suprema Corte reiteraron que los congresos estatales no tienen facultad para auditar fondos federales, un papel reservado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sin embargo, la ASF enfrenta sus propios cuestionamientos institucionales. Bajo el liderazgo de David Colmenares, se han señalado retrasos y omisiones en procesos vinculados al Sistema Nacional Anticorrupción, lo que ha abonado a la percepción de falta de rigor o ausencia de resultados en revisiones clave.

En este contexto, aunque existen facultades formales para investigar el uso de los recursos federales, persiste la percepción de que los acuerdos políticos, y no los mecanismos de control, terminan definiendo qué casos avanzan y cuáles quedan archivados.

El caso de Acapulco revela un problema más profundo que trasciende a una sola administración: la fragilidad de los mecanismos de fiscalización en México. Cuando los congresos estatales buscan atribuciones que no les corresponden, y cuando los órganos federales encargados de auditar parecen actuar con lentitud o selectividad, lo que se debilita no es una figura política, sino la confianza pública en la rendición de cuentas.

El mensaje para la ciudadanía es claro: sin instituciones sólidas y autónomas, cualquier esfuerzo contra la corrupción será rehén de intereses partidistas. Y mientras los procesos se mantienen enredados entre disputas legales y decisiones políticas, los hechos que deberían investigarse con seriedad quedan a la deriva.

Recordar estos episodios no es un acto de confrontación, sino un ejercicio necesario para que la memoria colectiva no se borre frente a la narrativa oficial de turno. Porque si algo demuestra esta controversia es que la impunidad no surge por falta de leyes, sino por la falta de voluntad para aplicarlas cuando tocan a quienes forman parte del poder.