Soberanía o impunidad: El dilema de los criminales globales en suelo propio

El caso de "El Mayo" Zambada reabre el debate sobre el equilibrio entre la soberanía nacional y la lucha contra el crimen organizado internacional.

Por: Pablo Gabriel Santillán Torres Torija / Imagen IA

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La reciente reactivación de la polémica en torno a la captura de Ismael "El Mayo" Zambada ha vuelto a encender los focos rojos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionando si agencias como el FBI operaron de forma encubierta en territorio nacional, reabrieron el debate bajo una premisa firme: de comprobarse la intervención extranjera sin autorización, estaríamos ante una flagrante violación a la soberanía y a la Constitución mexicana.

Sin embargo, detrás del legítimo reclamo diplomático y legal, subyace una incómoda realidad de alcance internacional. El escenario actual obliga a trazar un paralelo histórico y objetivo con uno de los episodios más significativos del siglo XXI: la operación en Pakistán que terminó con la vida de Osama Bin Laden en 2011.

Dos fugitivos, un mismo dilema global

Tanto Bin Laden en su momento como "El Mayo" Zambada representan perfiles de delincuentes de alta peligrosidad cuyas acciones no se limitaron a una región, sino que desestabilizaron la paz y la seguridad internacional. El primero articuló una red terrorista global; el segundo, durante décadas, lideró un imperio criminal transnacional responsable de una crisis de salud pública y violencia que ha cobrado cientos de miles de vidas a ambos lados de la frontera.

En Pakistán, el gobierno estadounidense actuó de manera unilateral en el complejo de Abbottabad, asumiendo el costo político de violar el espacio aéreo y la soberanía de un país aliado bajo el argumento de que el objetivo era una amenaza global prioritaria y que las filtraciones internas en los servicios secretos pakistaníes hacían imposible una captura coordinada.

En el caso de México, aunque la entrega de Zambada ocurrió en suelo estadounidense tras un aparente engaño o secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López, las investigaciones actuales de la Fiscalía General de la República (FGR) apuntan a que agencias norteamericanas pudieron haber facilitado o coordinado el operativo en la sombra.

La postura oficial mexicana defiende, con justa razón jurídica, que las reglas del derecho internacional y los canales de cooperación bilateral deben respetarse. No obstante, la comparación con Pakistán deja sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria para la comunidad internacional: ¿Qué se debe hacer cuando un Estado alberga —por incapacidad, omisión o colusión institucional— a criminales que ponen en riesgo la estabilidad mundial?

La soberanía como responsabilidad, no como escudo

El concepto moderno de soberanía no puede entenderse únicamente como un escudo protector hacia el exterior; también debe ejercerse como una responsabilidad hacia el interior. Cuando un gobierno carece de la fuerza o la voluntad para procesar a capos que operan con total impunidad en su territorio, la línea entre la defensa de la patria y la tolerancia al crimen organizado se vuelve sumamente delgada.

Para evitar que potencias extranjeras decidan tomar la justicia por su mano —vulnerando fronteras y tratados— el camino es claro, aunque sumamente complejo. Los gobiernos que enfrentan estos desafíos globales tienen el deber urgente de transitar hacia tres acciones fundamentales:

1. Fortalecimiento institucional real: Sanear y robustecer los sistemas judiciales y de inteligencia nacionales para demostrar que el Estado tiene la capacidad real de capturar, procesar y sentenciar a sus propios criminales de alto perfil, restando cualquier justificación a la intervención extranjera.

2. Cooperación bilateral transparente: Sustituir la desconfianza mutua por mecanismos de inteligencia compartida blindados contra la corrupción, donde las operaciones se realicen de manera conjunta, legal y respetando las jurisdicciones correspondientes.

3. Mecanismos de justicia transnacional: Entender que el crimen organizado ya no responde a fronteras geográficas. Si los efectos de un cartel son globales, la respuesta judicial y de persecución también debe ser compartida mediante convenios internacionales claros y estrictos.

La soberanía de una nación se defiende con dignidad frente al extranjero, pero se legítima demostrando que dentro de las propias fronteras impera la ley y no el poder de la delincuencia organizada.